De izq. a der. Luis Pailacho, vicepresidente, Cristhian Jumbo, gerente, Diego Vega, jefe de sucursal de Manta, de PipMaster, durante una entrevista en Manabí, en agosto de 2020. – Foto: Captura de pantalla / Facebook / Eclipse Digital Informativo
Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial utilizada por el grupo PipMaster para presuntamente lavar el dinero que captó ilegalmente.
“Tus capitales serán invertidos en las grandes ligas. Te hablo de Facebook, McDonald’s, KFC, Google, Samsung (…)“, así era como promocionaba Cristhian Jumbo a PipMaster, en agosto de 2020.
Fue durante una rueda de prensa con la que lanzó la sucursal de la empresa en la ciudad costera de Manta.
Casi dos años después, el 12 de julio de 2022, Jumbo fue arrestado junto con otras cinco personas durante el operativo Gran Impacto 12.
La Fiscalía y la Policía realizaron 36 allanamientos en seis provincias como parte del mega operativo para desarticular a esta supuesta red de captación ilegal de dinero y de lavado de activos.
Según las primeras investigaciones, la compañía PipMaster y su representante, Cristhian Bladimir Jumbo Angulo, ofrecían a sus clientes tasas de interés de entre el 160% y el 300% anual por sus inversiones mediante la herramienta financiera Pipscalping 3.0.
La empresa emitía ‘certificados de inversión’ como garantía del dinero entregado.
El dinero captado ilegalmente era entregado a personas naturales y empresas, que luego lo depositaban en el sistema financiero nacional, dando la apariencia de legalidad a estos activos.
“A través de actividades económicas y de la constitución de varias compañías, mismas que realizaron movimientos financieros injustificados por un valor aproximado de USD 41,3 millones”, como lo detalla un parte policial al que PRIMICIAS tuvo acceso.
Además, el grupo adquirió varios bienes muebles e inmuebles. Entre estos se encuentran vehículos de alta gama y casas de alta plusvalía en Santo Domingo, Quito y Manta, por un valor aproximado de USD 2,5 millones entre 2019 y 2022.
La fachada del engaño
Durante la rueda de prensa celebrada en Manta, en 2020, Jumbo definía a PipMaster como una empresa que se dedicaba a las inversiones en los mercados internacionales de valores.
Y dijo que se encargaba de “mediar capitales y trabajarlos a intereses más altos que los que ofrece una institución convencional”.
En la promoción de PipMaster Jumbo no escatimaba argumentos: decía que normalmente se ofrece un rendimiento del 3% anual, pero PipMaster podía garantizar hasta un 30% y con pagos mensuales.
“¿De dónde los sacamos (el dinero)”, se preguntaba él mismo y se respondía “los sacamos de las bolsas de valores”, dejando a los posibles inversionistas impresionados.
Trama de 15 empresas
Según información policial del caso, al momento las autoridades han intervenido unas 15 empresas relacionadas con Jumbo y PipMaster. Cinco ya están vinculadas al caso y otras 10 están por ser vinculadas.
En el entramado aparecen desde restaurantes, sitios de diversión, gimnasios, heladerías y hasta un supermercado. De estas empresas, 14 están domiciliadas en Santo Domingo y una en Quito.
Jumbo es accionista de ocho de estas empresas. Y ostenta cargos directivos en seis. Además, otros cuatro de los detenidos también aparecen como accionistas y administradores.
La única persona que no figura en estas entidades es una ciudadana cubana que también fue detenida. Ella -al igual que Jumbo- estudió comunicación social en la sede de Santo Domingo de una reconocida universidad de Quito.
Lavado a la vista
La noche del 12 de julio, la Fiscalía tenía previsto procesar a los seis detenidos por supuesto lavado de activos.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparó el caso de PipMaster con el de Leandro ‘El Patrón’ Norero.
Alias ‘El Patrón’ fue detenido en mayo de 2022 y está siendo procesado penalmente. Se presume que es un narco invisible y que ha financiado a bandas narcodelictivas en Ecuador.
Carrillo aclaró que no hay relación entre los dos casos. Aunque guardan semejanzas en los montos que movieron ambas redes y la forma en la que se introdujeron los dineros ilícitos en el sistema financiero.
En el caso de Norero, incluso, se han identificado contratos de empresas de fachada con entidades públicas.